En 2009,
bajo el título “Si vuelvo ¡me mato!”, Amnistía Internacional
publica un informe sobre la situación de menores en centros de
protección, sobre todo centros terapéuticos, a raíz del Informe
del Defensor del Pueblo “Centros de protección de menores con
trastornos de conducta y en situación de dificultad social”(2009).
En ambos informes se pone de manifiesto la necesidad de cambiar el
actual sistema de protección por varias razones:
falta
de una regulación uniforme y común en materia de protección de
menores para todo el territorio nacional; cada comunidad autónoma
tiene su propia regulación, existiendo grandes diferencias entre
unas y otras;
la
dificultad para denunciar, investigar y determinar las
responsabilidades por los abusos que puedan cometerse;
las
carencias en el sistema de rendición de cuentas por la gestión de
los centros que se delega en organizaciones privadas;
la
propia situación y gestión de algunos centros; y
las
dificultades con las que se encuentran las instituciones
independientes de defensa de los derechos humanos para su
supervisión.
No existe
una información estadística ni datos fehacientes consolidados y
actualizados sobre el número de menores tutelados en España y,
menos aún, de aquellos menores que se encuentran en centros
terapéuticos por trastornos de conducta. Esto favorece la
invisibilidad de estos menores y facilita la vulneración constante y
continuada de sus derechos.
Amnistía
Internacional se hace eco de la situación en la que viven los
menores en algunos centros de protección donde los castigos físicos,
el aislamiento, el suministro abusivo de medicación y la ausencia de
servicios adecuados para el cuidado de la salud, así como otras
conductas y omisiones, han llevado a algunos menores al suicidio.
¿Quién y
cómo se gestiona estos centros? En España hay tres modelos de
gestión para los centros terapéuticos del sistema de protección de
menores:
Con
titularidad y gestión de la Administración pública
Con
titularidad de la Administración pública que cede el edificio para
su gestión a una entidad
Con
titularidad y gestión de una entidad privada
En 2008 de
los 58 centros terapéuticos existentes, sólo tres eran gestionados
por la Administración pública. El resto son dirigidas por 41
entidades con diferente personalidad jurídica (fundaciones,
asociaciones sin ánimo de lucro, empresas mercantiles) bajo convenio
con la Administración pública.
De entre
todas estas entidades, destacan dos por encima del resto, siendo las
que mayor número de denuncias y quejas acaparan por el trato que
dispensan a los menores acogidos en sus centros. Se trata de la
Fundación O´Belén y de la Fundación Dianova, que son entidades
privadas. Y también son las dos fundaciones que poseen el mayor
número de centros en España y que reciben el mayor presupuesto por
parte del Estado.
Para
hacernos una idea, en el año 2008, entre las dos, reciben un
presupuesto de cerca de 17 millones de euros: casi cinco millones
Dianova con 7 centros y cerca de 12 millones O´Belén con 5 centros.
Más del 90%
procede del pago en concepto de servicios sociales que les aportan
las administraciones, pero además cuentan con patrocinadores
privados.
O´Belén se
creó el 22 de junio de 1999 y sus fundadores: por un lado, políticos
profesionales y, por otro, empresarios. Se financia en más del 90%
con dinero de las administraciones. También cuenta con varios
patronos que en 2009 eran Peugot, Alvargómez Gestión Inmobiliaria,
Grupo Lábaro, la Diputación de Guadalajara… Es una de las
entidades que más denuncias ha recibido sobre malos tratos a menores
y en cuyos centros se han producido varios suicidios de menores. El
18 de septiembre de 2009, la Junta de Castilla La Mancha decidió
cerrar uno de los cinco centros, asumiendo la protección de los
menores allí acogidos. El presidente de la fundación dimitió
alegando razones personales. El 16 de octubre de 2009, se cierra el
centro de Casa
Joven de Guadalajara donde estuvo ingresada la
menor, Silvia, que se suicidó el 12 de abril de 2009.
Por su
parte, Dianova, está formada por un conjunto de organizaciones
autónomas que desarrollan programas sociales dirigidos a la
prevención y tratamiento de consumo de drogas en jóvenes. Según el
Plan Nacional sobre Drogas, “Dianova tiene su origen en la escisión
y posterior reorganización de personas y profesionales vinculados a
la asociación El Patriarca”, un grupo fundado por Lucien
Engelmajer y catalogado en Francia en 1995 como secta por una
comisión de investigación parlamentaria. Cuatro años después, el
Parlamento francés alertó sobre Dianova, la calificó de nueva
marca de El Patriarca y señaló que constituye el ejemplo más
representativo de estructuras comerciales sectarias”.
Los recursos
que invierten las administraciones públicas en estos centros
gestionados por entidades privadas se establecen a partir de una
tarifa por menor y día acordada entre la Administración y la
entidad, teniendo en cuenta el convenio que regula la gestión de
estos centros. Según los datos del Informe del Defensor del Pueblo
“La cantidad media que la entidad pública abona a la entidad
gestora por cada menor al mes, es de 3.810,30€, lo que pone de
manifiesto que la Administración está invirtiendo un elevado
presupuesto en la atención residencial a menores en dificultad
social, lo que, sin embargo, no está en consonancia con la
insatisfacción que manifiestan muchos menores acogidos en este tipo
de recursos”.
El Estado
tiene la obligación de garantizar que la privatización de los
centros de protección no compromete ni menoscaba los derechos de los
menores.
En relación
al personal responsable de la protección de menores, la ONU
establece una Reglas para la Protección de Menores Privados de
Libertad: el personal debe ser competente, suficiente y especializado
(educadores, instructores profesionales, asesores, asistentes
sociales, psiquiatras y psicólogos). Su proceso de selección ha de
ser riguroso y la retribución adecuada. También han de recibir
formación para el correcto desempeño de sus funciones.
Este informe
de Amnistía Internacional pone como ejemplo de la falta de control
sobre la contratación de personal, el caso de una periodista que se
infiltró en un centro de Cataluña sin que nadie se ocupara de
comprobar su curriculum vitae. En su testimonio refleja que casi
ninguno de los supuestos educadores había estudiado nada relacionado
con la infancia y conoció incluso a pacientes que, siendo adultos,
habían estado en el centro recuperándose de toxicomanías y que,
posteriormente, se habían quedado como “cuidadores”.
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