En
la actual política criminal para la prevención y el tratamiento de
la delincuencia juvenil se aprecia una tendencia hacia la represión.
El interés superior del menor queda relegado a un segundo plano en
detrimento de las demandas de determinados colectivos que cada vez
piden más firmeza en la aplicación de la Ley. Esto hace que el
legislador, para satisfacer dichas demandas, introduzca reformas que
no respetan los principios generales inspiradores de la Ley. Cuando
surge el debate público (casi siempre a raíz del conocimiento a
través de los medios de comunicación de una noticia relacionada con
hechos muy graves protagonizados por menores, y dicho sea de paso, son muy
excepcionales) sobre la ineficacia en la aplicación de la Ley,
siempre se propone un endurecimiento de las medidas, por ejemplo si
se trata de delitos graves, como si fuera la panecea para tratar la
delincuencia (esto mismo ocurre con el Derecho Penal de adultos), sin
tener en cuenta los factores que favorecen la aparición de las
conductas delictivas (factores sociales, personales, familiares,
económicos, ambientales....).
La
política criminal ha de ir de la mano del desarrollo de la política
social, que abarcara todas las áreas consideradas relevantes para el
bienestar del sujeto, es decir, una política social que incida en
los factores para prevenir la aparición de conductas delictivas,
puesto que la delincuencia es un fenómeno complejo que requiere un
tratamiento integral.
Algunas propuestas que podrían adoptarse:
- Estudios de investigación rigurosos sobre el fenómeno de la delincuencia juvenil para conocer las causas y las consecuencias. Los resultados obtenidos han de se proporcionados a toda la población para una mejor comprensión de los procesos de criminalización y victimización, a través de medios adecuados.
- Especialización en materia de intervención con menores de todos los agentes implicados: jueces, abogados, fiscales, criminólogos, policía, educadores, trabajadores sociales, psicólogos, maestros...
- Opinión de los profesionales especializados para el diseño de una política criminal con verdadera orientación preventiva. A ser posible que estos expertos no respondan a intereses del grupo político de turno, es decir, que se haga en base al conocimiento de la realidad tal y como es y que sus propuestas se tengan en cuenta.
- Creación de unidades especializadas para la atención de menores infractores en edades comprendidas entre los 12 y 13 años.
- Potenciar programas de intervención para la prevención de conductas delictivas en los distintos ámbitos en los que se integran los menores, sobre todo familia y escuela. En la escuela sería interesante que se aplicaran de forma continuada (y no durante 1 año, como suele ocurrir), como si de otra materia formativa se tratara, programas dirigidos a la educación en valores, sexual, seguridad vial, prevención de consumo de drogas, fomento de otras alternativas de ocio y tiempo libre, prevención de conductas violentas entre alumnos o de alumnos a profesores, programas orientados a la adquisición de habilidades sociales y de comunicación interpersonal, que favorezcan el desarrollo de conductas prosociales, etc. En relación a la familia: escuelas de padres, facilitar el acceso a los servicios sociales, al sistema sanitario, a la vivienda, al mercado laboral, etc.
- Eliminar el sensacionalismo en los medios de comunicación ante los delitos cometidos por menores, para evitar la estigmatización y la creación de una falsa alarma social que genera sensación de inseguridad.
- Potenciar las medidas extrajudiciales de conciliación-reparación, así como aplicar verdaderas medidas socio-educativas.
- Elaboración
de una Ley Integral para la Prevención y el Tratamiento de la
Delincuencia Juvenil.
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